América Latina y el Caribe adoptan primer acuerdo regional vinculante para la democracia ambiental

Fecha de publicación: 05 / mar / 2018

Con la firma de un importante acuerdo regional vinculante culminó la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10, en San José, Costa Rica, en la cual participó el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Lic. Alfonso Alonzo, quien destacó que con esta nueva herramienta América Latina y El Caribe ingresan en una nueva era de protección a los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), “un instrumento legal inédito para la región”, agregó.

Para el efecto, representantes de 24 países de América Latina y el Caribe reunidos en San José, Costa Rica, adoptaron hoy el primer acuerdo regional vinculante sobre la materia luego que los delegados gubernamentales, junto a representantes del público y expertos de organismos internacionales, acordaron el texto final del acuerdo, que se viene negociando desde 2014, y en el cual se consagra también la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo tiene como finalidad “enviar un mensaje potente a la región sobre una forma de poner en práctica una herramienta legal que facilite la aplicación nacional de los derechos de acceso, fortaleciendo y empoderando a las instituciones públicas nacionales y a la sociedad civil organizada en la gestión ambiental y el desarrollo sustentable, atendiendo a su intrínseco vínculo con la gobernanza ambiental”, señaló el Ministro Alonzo desde la ciudad de San José, al final de la reunión realizada del 28 de febrero al  4 de marzo.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada por Luis Guillermo Solís, Presidente de Costa Rica, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones Unidas que actúa como secretaría técnica de este acuerdo.

También participaron Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica; Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente de Chile, y Alejandro Solano, Ministro subrogante de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

“Este acuerdo que se ha logrado aquí en Costa Rica es un punto de inflexión; es una muy buena noticia para un continente que la requiere mucho en su lucha contra la delincuencia, la pobreza, la desigualdad y el odio. También es crucial para la supervivencia misma de nuestra especie”, señaló el presidente Solís en sus palabras al cierre del encuentro.

El mandatario costarricense indicó que es necesario traer a las personas a las decisiones en materia ambiental, hacerlas partícipes del desarrollo, ya que “el derecho a un ambiente sano es un derecho humano”, declaró. Destacó además la relevancia jurídica del acuerdo y de la “democracia ambiental” como un nuevo término legal que implica la participación del todos en la protección del ambiente.
Por su parte, Alicia Bárcena recalcó la importancia de este proceso que culmina hoy con la adopción del primer acuerdo regional vinculante en materia de democracia ambiental.

“Con este acuerdo, América Latina y el Caribe atestigua su firme e inequívoco compromiso con un principio democrático fundacional: el derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno”, señaló.

“El gran mérito de este acuerdo regional está en colocar a la igualdad en el centro de los derechos de acceso y, por ende, en la sostenibilidad ambiental del desarrollo”, indicó la alta funcionaria de las Naciones Unidas. “Este es un acuerdo de segunda generación que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso, y que sin duda va a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030”, dijo.

Según el texto final aprobado hoy, el objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (artículo 1).

Además, señala en su artículo 9 que “cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

También se establece la creación de una Conferencia de las Partes (artículo 15), que será convocada por la CEPAL a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente
acuerdo y se celebrarán reuniones ordinarias a intervalos regulares, según lo que decida la Conferencia.