El Gobierno de Guatemala, en un esfuerzo por garantizar un futuro sostenible y equitativo para todos sus ciudadanos, anuncia la elaboración de una Ley de Aguas. Esta iniciativa, que se construirá a través de un proceso participativo y transparente, busca establecer un marco legal sólido para la gestión integral y sostenible del recurso hídrico, uno de los más valiosos del país.
Esta ley, que se basará en los principios de equidad, sostenibilidad y participación ciudadana, abordará los desafíos actuales en la gestión del agua, como la escasez, la contaminación y los conflictos por el recurso. Además, buscará promover el acceso universal a agua potable y saneamiento, proteger los ecosistemas acuáticos y fortalecer la resiliencia ante los efectos del cambio climático.
Entre los aspectos clave de la ruta de la Ley de Aguas podemos mencionar: la participación ciudadana ampliada, una gobernanza fortalecida, un enfoque integral y sostenible y una amplia equidad y justicia ambiental.
El Gobierno de Guatemala destaca la importancia de esta iniciativa y señala que: “La nueva Ley de Aguas representa un hito en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Al trabajar juntos, podemos garantizar que este recurso vital sea gestionado de manera responsable y equitativo para las generaciones presentes y futuras”.
En los próximos meses se llevaran a cabo diversas actividades para involucrar a la ciudadanía en este proceso, se realizarán consultas regionales, talleres técnicos y foros de discusión con el fin de recoger las aportaciones de todos los actores involucrados, se les hace la invitación a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a participar activamente en este proceso que será inclusivo y participativo, de esta manera se buscará construir una propuesta de ley que refleje las necesidades y aspiraciones de toda la población.
El objetivo es consolidar una propuesta de ley que cuente con un amplio consenso social y para el año 2025 presentar la iniciativa de ley al Congreso de la República para su aprobación y de ésta manera establecer un marco legal sólido para la gestión sostenible del agua en Guatemala.