El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas Espino, dirigió el taller de socialización del Reglamento 164-2021 para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes.
El reglamento es una norma técnica de cumplimiento para todos los sectores y habitantes del país. Regula la clasificación de los residuos y desechos sólidos, la recolección, traslado, almacenamiento y disposición final. A partir de agosto de 2021 comenzó la separación primaria de la basura, y dos años después, en 2023, dará inicio la secundaria.
“Se pide el compromiso de los guatemaltecos de comenzar con la clasificación de los desechos desde sus hogares, tienen la obligación de separar en orgánicos e inorgánicos durante los primeros dos años. Con este reglamento ponemos a Guatemala a la altura de los países desarrollados en el tratamiento de los desechos sólidos”, expresó el ministro ante los delegados del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Rojas Espino anunció una gira a nivel nacional con los alcaldes de los 340 municipios, con quienes se reunirá para socializar el 164-2021 y aclarar dudas sobre su implementación. En Petén, el viernes 11 de febrero, será el primer encuentro con los ediles.
Durante el taller se dio a conocer que el 53 por ciento de la basura en Guatemala corresponde a desechos orgánicos, 14 por ciento son sanitarios, nueve por ciento plásticos, seguido de papel y cartón, vidrio, latas, entre otros.
Las autoridades del MARN expusieron que la cartera coordinará con las municipalidades la elaboración de planes relativos a la gestión integral de la basura, planes que serán revisados anualmente y actualizados cada cinco años. Por su parte, el Ministerio de Ambiente elaborará las guías necesarias para desarrollar los planes municipales.
Asimismo, el ministerio apoya a los gobiernos locales en la elaboración de estudios de caracterización de residuos y desechos sólidos comunes.
El Reglamento 164-2021 también contempla campañas educativas en conjunto con los ministerios de Salud Pública y Educación, con el objetivo de promover en la población la práctica de las normas sanitarias.
La regulación estipula la obligación de denuncia a toda persona, especialmente funcionarios y empleados públicos, que tengan conocimiento de algún hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones. Las sanciones van desde uno hasta 40 salarios mínimos.